La Universidad española debe ser más transparente. “Se deben conocer dónde están los mejores equipos docentes en cada rama de conocimiento, dónde se encuentran los expertos investigadores en cada ámbito y cuáles son los centros más activos en innovación y transferencia”. Así lo reclama el informe del Ministerio de Educación que se está debatiendo para cambiar el modelo de financiación universitaria. Se trata, señala el texto, de que todos los actores puedan tomar decisiones “con las máximas garantías de acierto”. Empezando por los estudiantes.

El experto de la OCDE Francesc Pedró ha descrito en alguna ocasión el actual como un “sistema ciego”, que obliga a los estudiantes a guiarse sólo “por sus preferencias o intuiciones”, pero sin “contar también con criterios racionales”. Ahora, “el único indicador comparativo que tienen son las notas de corte”, dice el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo: cuanto más altas, más prestigiosa la titulación. El catedrático añade cuáles podrían ser los principales indicadores de calidad docente: cuánto se tarda, de media, en terminar una carrera; cuál es la tasa de estudiantes que abandonan en 1º o en 2º; cuántos alumnos eligieron esa titulación en primera opción; o la tasa de inserción laboral una vez titulados.

Ese tipo de información se puede encontrar ahora, pero, o bien como informes de una parte interesada y sin comparación alguna -”Las universidades tienen su oficina de inserción laboral, pero, claro, todos quieren quedar bien”, dice García-Montalvo- o cuando hay comparación se eligen datos “tan agregados” que tampoco sirven. Es decir, que se ofrecen datos por universidades y no por facultades o departamentos o se dan por áreas de conocimiento y no por carreras. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con el informe REFLEX que en España dirigió la agencia de evaluación ANECA. Se trata de la comparativa más completa que se ha hecho en Europa sobre inserción laboral de universitarios, pero los resultados se publicaron por áreas de conocimiento y países.

“Las universidades tienen alergia a los ranking, a las comparaciones”, dice el profesor de la Pompeu Fabra, que tiene la percepción de que se trata de algo que ocurre en casi toda Europa. Las razones más comunmente esgrimidas contra las clasificaciones -mucho más extendidas en el mundo anglosajón- es que los métodos tienen sus limitaciones, sus fallos y quizá nunca conseguirán ser absolutamente justos al cotejar realidades que pueden ser muy distintas.

Pero eso no es excusa, según los expertos que han redactado el informe para la nueva financiación (una comisión en la que han tomado parte expertos, el Gobierno, las comunidades y las universidades). “El conocimiento de los resultados, la metodología empleada y las propias limitaciones del método deben ser perfectamente asequibles para la comunidad universitaria”, señala el texto.

De este modo, la propuesta es, cada uno o dos años, “poner a disposición de todas las instituciones, todos los agentes y la sociedad en general, un informe que permita valorar los resultados de las universidades y evaluar la rentabilidad del gasto público financiado por los contribuyentes”. El informe se presentará a las Cortes. Los indicadores habrán de consensuarlos el Gobierno, las comunidades y las propias universidades, tarea que será sin duda ardua, lenta y que podría descafeinar las intenciones expuestas en el documento con absoluta claridad: “Sólo con un sistema de información potente se podrá realizar una correcta toma de decisiones y se fomentará la competencia de nuestros centros”.